Crónica de parecidos, diferencias y sillas azules

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Carlos Tortín – Politika

“Desde el minuto uno del partido, escenificado en el consenso entre notables de la derecha y la izquierda urdido para sepultar el derecho a decidir, la hoja de ruta de la Transición se basó en suplantar la soberanía popular a través de una espuria representación democrática. Una trama que luego se oficializaría con el texto constitucional refrendado en 1978.”

Esta cita fue mencionada hace pocas semanas en un diario español y obviamente se refiere al proceso de negociación política ocurrido al final de la dictadura franquista.

¿A qué viene esto, en el otoño 2016?

Esto tiene que ver con la irrupción de nuevas fuerzas políticas. Con el hecho que se ha roto el bipartidismo tradicional en España. Y con el hecho que al menos uno de los emergentes pone en discusión el tema de la Transición. Es decir, la conveniencia de iniciar una nueva, porque la primera se ha podrido.

Claro está, que esta discusión tendrá sentido y razón si los emergentes no se transforman a corto plazo en “institucionales”, en simples gestores de las políticas elaboradas y dictadas desde fuera del Congreso. Y desde fuera del país.

Este tema viene a modo de recuerdo y evaluación histórica, también, porque se constata que el régimen político español ha llegado a una etapa de corrupción a gran escala. Lo que parecía ser un proceso de desarrollo político, económico y social, se ha podrido. La precariedad social invade todo el territorio, mientras los líderes políticos se integran al libre mercado como productos de consumo del mundo empresarial.

Algo parecido a lo sucedido en Chile. Pareciera que el destino histórico de ambos países tiene una ligazón estratégica. Y no es para menos, si tomamos en cuenta la relación establecida desde 1541 hasta nuestros días. Sólo faltaría que los poderes fácticos de Chile se declaren súbditos de la corona, para completar la cuadratura del círculo.

En esta ligazón estratégica se ha incluido la puesta en órbita de singulares personajes socialistas, de ambos países, para demonizar a aquellos gobiernos de América Latina que se resisten a entregar incondicionalmente las riquezas nacionales a las corporaciones multinacionales. De socialistas, estos ex-jefes de gobierno y asociados, se han transformado en socio-listos. Usan trajes hechos a medida, con bolsillos más grandes.

Los procesos de corrupción tienen también buenos y bellos parecidos. Sin embargo, frente a la dimensión exorbitada que ha alcanzado, se ha comenzado a poner freno, al comprobar que existen sillas azules. Y están tomando contramedidas para protegerse.

Como punto de referencia histórico, es necesario mencionar que el comienzo de ambas transiciones tiene en común la conservación de residuos de las dictaduras.
En España, conservaron la monarquía instalada por Franco, pudiendo abolirla y dar paso a una República moderna. Tal vez en aras de un pacto “de gobernabilidad”. Y de reparto proporcional de poderes y privilegios.

Cierto es que la Transición instaló un capitalismo moderno, como manda el dios Mercado, y sacó al país de la sombra dictatorial, integrándolo en el continente europeo, creando además un sistema de seguridad social similar al promedio de Europa.

Si miramos al otro lado del océano, y de la Cordillera de Los Andes, los suplantadores de la soberanía popular dejaron vigente la constitución política dictatorial, el modelo de capitalismo salvaje, la ley antiterrorista, las leyes laborales dictatoriales, y los servicios públicos y derechos sociales transformados en negocios privados.

Las negociaciones secretas dieron paso a una operación de maquillaje, para luego presentar la constitución dictatorial ante la ciudadanía como “un proyecto democratizador, garante de la gobernabilidad y estabilidad institucional”.

Conservaron, sin sonrojarse, con premeditación y alevosía, el núcleo duro del sistema, aquello que da sentido y razón al golpe de Estado y a 17 años de dictadura. En lo principal, a la constitución dictatorial le hicieron 54 reformas. Y en las primeras elecciones generales, en diciembre de 1989, al dictador lo cambiaron por un ex-senador golpista en la presidencia.

Previamente, sometieron a plebiscito las 54 reformas. Claro está. ¿Cuánta gente recuerda el plebiscito del 30 de julio de 1989 ?

Más fácil es recordar el plebiscito de octubre del 88, cuando la mayoría de los políticos llamó a votar NO a la prolongación de la dictadura por ocho años más, con el señor Pinochet en la presidencia hasta marzo de 1997. Y ganó el NO, ya sabemos.

Luego, los mismos partidarios del NO, ganadores, con los del SI, perdedores, dejaron de lado su confrontación irreconciliable, en apariencia, y juntos llamaron a votar SI en el segundo plebiscito, considerando que con 54 reformas el maquillaje sería el adecuado para empezar la Transición.

“La alegría ya viene” se repetía en forma contagiosa en todos los medios. Y por arte de magia se impuso un manto de olvido sobre el discurso aquél, todavía fresco y reciente: “no será posible recuperar la democracia con la constitución de 1980, con la vigencia de la ley antiterrorista, con el plan laboral dictatorial, con el modelo económico ultra liberal, ni con la existencia de presos políticos.”

Un olvido muy conveniente, sin duda. Nunca se sabe, aquello que sirvió a la dictadura bien podrá servir a la transición. En especial cuando se enfríen los cantitos a la alegría.

El consenso de 1989 puso en un mismo camino, como compañeros de viaje, a los partidos políticos desde la izquierda hasta la extrema derecha. Y ese marco de acuerdo no ha cambiado.

No puede tener validez, en consecuencia, ese discurso político hipócrita que nos habla de “los amarres dejados por la dictadura“.

Recuerdo a don Lucho Vitale, historiador y profesor, quien describió ese proceso como la “transición a ninguna parte”. Se podía comprobar, también en forma académica, que el consenso de 1989 dio nacimiento a un proceso definido, aunque incompleto, de “continuación de la dictadura por otros medios”.

Veremos si en mayo, en el discurso presidencial de balance anual, se menciona la necesidad de comenzar otra Transición, con democracia incluida. Difícil, casi impensable. Veremos si habrá un proceso de limpieza, en la medida de lo posible, para desinfectar el país. Veremos si la Justicia actúa sobre “aquellos malos elementos que se apartaron de…”, política que ya se ha mostrado eficaz, sacrificando a quienes no tienen salvación, para salvar “las instituciones”.

Pero, aparte de las mencionadas similitudes, hay también diferencias notorias. En España tienen sillas azules. En ellas sientan a los políticos y empresarios corruptos, o acusados de serlo. No a cualquier delincuente. No son sillas para ladrones pobres.

Las han mostrado en la televisión, y en fotos periodísticas. Existen en un tribunal de Justicia, en las Baleares. A otras regiones de España todavía no han llegado.

Esas sillas azules, nuevas y cómodas, acogen a los investigados, testigos o imputados por robos millonarios, fraude fiscal, lavado de dinero, malversación de fondos municipales, tráfico de influencias, financiamiento ilegal de partidos políticos.

Toda España, y seguramente también todo Chile, ha podido ver allí, cómodamente sentados, a funcionarios públicos, empresarios de alto vuelo, dirigentes políticos, miembros de la familia real. Ese espacio privilegiado sigue reservado a nuevos huéspedes. Incluyendo a compi yoguis. Es la impresión que queda.

A Chile no han llegado las sillas azules. Y debiera. Son recomendables para tiempos actuales. Si, esas de tapiz azul en su parte frontal, con un toque de tela negra en la parte posterior.

Se dice que tienen propiedades anti-blindaje.

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Las fisuras del neoliberalismo chileno*

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Como se sabe, Chile ha sido un laboratorio para las elites dominantes y el imperialismo; aquí su intelligentsia, sus intelectuales orgánicos y la tecno-burocracia experta en gestión de conflictos, ensayaron el nuevo arsenal de reformas institucionales diseñadas para extirpar de raíz las conciencias y voluntades anticapitalistas.

El experimento chileno se llamó contra revolución neoliberal. Su punto de partida, su momento fundacional, arrancó de los escombros dejados por el golpe de estado de 1973 y se extendió hasta inicios de los años ochenta; luego sobrevivió a una severa crisis mundial recurriendo a ajustes heterodoxos, y ya entrada la década de los años noventa, recuperada y ufana, se vistió de democracia al cuidado de una coalición de ex golpistas y franjas de la izquierda conversa.

Su última etapa – la pax neoliberal como la denomina Gaudichaud – ha sido exitosa pues, además de superar en años a la dictadura, también terminó por reconvertir a la izquierda al credo neoliberal.

La guinda de la torta fue la incorporación de la dirección de PC, primero al parlamento en el año 2010, y luego, a la alianza de gobierno el 2014. Toda una hazaña de los ingenieros de las transiciones políticas.

Este extenso trayecto dura ya 42 años, y dado que las reformas estructurales tienen décadas de aplicación y sus relaciones sociales y subjetividades son usos y costumbres, nada tiene de extraño que la racionalidad individualista y de mercado sea el sentido común predominante. En el curso de las reformas neoliberales la sociedad chilena fue adelgazando el tejido de sus relaciones sociales aunque paradojalmente multiplicara su red de interacciones; todos cada vez más conectados pero a la vez más empobrecidos de sentido colectivo; átomos guiados según el interés de cada cual y compitiendo en las arenas de la institución neoliberal por antonomasia: el mercado.

Pero también a 42 años de la contra revolución, la utopía neoliberal muestra fisuras y aflora un malestar social inusitado, y en éste, un potencial de ruptura. A nivel de la política y lo político se están manifestando las contradicciones derivadas de un agotamiento crítico de la forma que tomó la sociedad chilena en el curso de cuatro décadas; se trata de las anomalías de la contra revolución neoliberal propias de su etapa de maduración.ch-franck-gaudichaut-200x115

Y eso lo saben, intuyen o vivencian casi todos los sectores en lucha latente o abierta. Por ello, tanto los de arriba como los de abajo, atribulados por la emergencia de las contradicciones estructurales, se agrupan y reagrupan entre la resistencia conservadora y la apertura al post neoliberalismo.

El texto que nos ofrece Franck Gaudichaud precisamente se pone en este borde histórico y sobre la base de una evaluación de la trayectoria reciente de la sociedad chilena, incursiona sobre las interpretaciones del momento actual y las posibilidades de algún tipo de alternativa política de carácter popular. Los ejes en que concentra su análisis – nombro solo los que me parecen principales – son la centralidad de la relación capital/trabajo, el carácter de los movimientos sociales y el peso de la subjetividad de masas que el propio modelo produce y reproduce, todo ello en el marco de la institucionalidad política y la estructura de clases que caracterizan en el presente al modelo neoliberal.

La combinación de dichos ejes y la apelación a tales aspectos estructurales (lo político y las clases), conducen a una síntesis que, a mi juicio, constituyen el aporte central que ofrece el texto, pues permite una discusión sobre las alternativas políticas teniendo a la vista una hipótesis interpretativa del momento por el que hoy atraviesa la sociedad chilena.

En este sentido, aprovecho esta nota para acentuar algunos aspectos en relación a los ejes que nos propone Gaudichaud; éstos comentarios ya han sido expuestos en otros lugares, pero creo viene al caso retomarlos aquí dado el tipo de análisis que nos presenta el autor.

En primer lugar destacar que las recientes movilizaciones de trabajadores han tendido a desbordar las formas organizativas y de acción tradicionales, y por ello mismo, a la propia institucionalidad sindical conservadora. Este año 2015 tenemos a la vista la huelga de los subcontratistas del cobre – que incluso costó la vida del trabajador Nelson Quichillao a manos de la policía militarizada –, el largo conflicto de los profesores que rebasó la política conciliadora de una parte de la dirigencia del Colegio de Profesores, y finalmente, la lucha de los trabajadores públicos del Registro Civil que han debido enfrentar al gobierno y al despliegue de todos los dispositivos del poder: la ley, la presión política, la campaña mediática e incluso la conducta desleal si no francamente aleve de la dirigencia de la CUT y de la izquierda parlamentaria.

Estas movilizaciones confirman la profunda crisis del sindicalismo clásico pero a la vez abren posibilidades para un nuevo movimiento de trabajadores que rompa con los límites ideológicos y objetivos impuestos hasta ahora por el sindicalismo conservador. En efecto, si éste nuevo movimiento logra madurar, lo hará a partir de bases totalmente diferentes. Por ejemplo, desprendiéndose de una concepción que considera al sindicalismo tradicional y sus sindicatos legales, propios de la etapa desarrollista industrializadora, como la única y más efectiva forma de organización de los trabajadores.

Hubo antes formas mutualistas, sociedades en resistencia, mancomunales, etc., que en ausencia de una legislación laboral, organizaron grandes masas obreras que enfrentaron directamente al capital e incluso ofrecieron respuestas autónomas a las necesidades colectivas; los derechos codificados en la legislación laboral, a cuyo amparo se desarrolló luego el sindicalismo clásico, es resultado de dichas luchas.

También comprendiendo que frente a un “capital extendido”, es decir, que somete a su racionalidad y dominio actividades sociales antes ajenas a la producción capitalista, es necesario del mismo modo, concebir de manera “extendida a la clase trabajadora”.

Si el capital convierte los servicios – antes públicos y sin fines de lucro – en actividad productiva de valor, o somete otras actividades no mercantiles, personales y/o comunitarias, a la lógica de la acumulación, entonces los que allí se desempeñan y vendan su talento productivo al capital, son igualmente parte de la clase trabajadora.

Así como las formas de pago o de contratación –directa o indirecta; parcial o completa; temporal o permanente – no importan para definir a la clase trabajadora, tampoco el carácter material o inmaterial del trabajo o de su resultado, son criterios correctos para dilucidar quiénes son o no parte de aquella. Lo central es la relación social entre capital y trabajo.

Y finalmente, entendiendo que hay luchas cuya escena no es ya el terreno de la empresa e incluso la rama, pues se trata de derechos colectivos que sólo pueden imponerse enfrentándose al conjunto del capital y el Estado.

Un nuevo sistema de relaciones laborales, de salud, de transporte público o un sistema educacional, por citar algunas demandas más inmediatas, indefectiblemente son luchas por derechos generales y no derechos de un sindicato o federación; son luchas por los intereses globales de los trabajadores constituidos como sujeto colectivo autónomo y opuesto al capital.

En segundo lugar, es necesario resaltar la emergencia entre 2006 y 2011 de las movilizaciones sociales, pues, como bien muestra el autor, la abrupta explosión de “lo social” cambió severamente el panorama nacional: mostró las arrugas de una contra revolución madura y develó una suerte de incompletitud del teorema neoliberal.

En efecto, la institución mercado mostró sus insuficiencias para procesar todos los conflictos y disiparlos en meras contiendas entre partes privadas; el dispositivo de regateo entre privados (el mercado), incluyendo el recurso judicial para resolver las contiendas sobre obligaciones y derechos consignadas en los contratos, no alcanzó para contener y mantener los conflictos en la esfera civil, sobre todo cuando una de las contrapartes saltó de lo individual a lo colectivo.

El creciente malestar terminó por desbordar parcialmente el “orden de mercado” y la burocracia política y sus ingenieros en gestión de conflictos, desacreditados y perplejos, en reiteradas ocasiones fueron superados por la dinámica de las luchas sociales. El conflicto por la educación es un caso paradigmático por muchas razones, pero una es crucial y se refiere al sentido menos visible de la lucha de los estudiantes secundarios.

Estos reclamaron por la gratuidad y mejores condiciones materiales, pero dejaron entrever en sus formas organizativas, en sus acciones y en su estética de lucha, un rechazo feroz a la propia comunidad escolar, a la escuela, como espacio invivible por su autoritarismo, mediocridad, por el colapso de los profesores, por su régimen de competencia individual y la presión por el éxito que enfrenta a unos jóvenes y adolescentes con otros.

Por ello, a diferencia de otros movimientos, los secundarios no eran fácilmente domesticables apelando a políticas redistributivas y clientelares: sus demandas no eran susceptibles de reducir a precios; y mirado desde otro ángulo, se trataba de la rebelión de los hijos del modelo neoliberal maduro cuyas lucha no consistía en resistir las reformas neoliberales sino en rebelarse contra el efecto de su funcionamiento pleno; en rigor, su malestar era consecuencia, resultado, de un modelo realizado y frente al cual venían reaccionando masiva, espontánea y sistemáticamente desde el “mochilazo” del 2001.

No es arriesgado entonces afirmar que fue el movimiento estudiantil secundario – y no el universitario – la base de las luchas sociales que lograron trizar los consensos de las clases dominantes y la paz social que los gobiernos civiles mostraban al mundo como el exitoso modelo chileno y la exitosa transición a la democracia.

Así las cosas, la incompletitud de la utopía neoliberal puede considerarse una anomalía crítica, una verdadera falla estructural, por cuanto la emergencia de las movilizaciones masivas y de los movimientos sociales expresan, tanto el fracaso del intento de diluir la “cuestión social” en la cuestión privada, como la ineficiencia del propio sistema político que diseñó el neoliberalismo, cuestión central a la hora de calibrar el momento actual de la política chilena.

Detengámonos un minuto aquí.

En particular, el sistema de partidos políticos se ha mostrado estéril para anticipar, procesar y disipar los conflictos sociales que escalan por abajo, a la par que parece no ser capaz ya de ofrecer una representación eficaz del interés general de capital y gestionar sus conflictos fraccionales que se precipitan por arriba. Y esto es una debilidad crucial pues manifiesta los limites de “lo político” en el contexto de un modelo cuyas potencialidades se han realizado casi completamente.

En efecto, un régimen político debilitado, que pierde por abajo su capacidad de maniobra vía clientelismo frente a las luchas sociales, por default tiende a fortalecer sus dispositivos y formas policiacas de control del orden, mientras por arriba, si es capturado por el capital, tiende a convertirse en un cuasi cascarón jurídico-político dirigido desde fuera por un “poder dual burgués” que comanda a la tecno burocracia y sus políticas.

El régimen político y el Estado actuales en nada se parecen al ideal republicano liberal burgués, al Estado de compromiso y benefactor declarado por la Constitución de 1925 y aderezado a través de sus sucesivas reformas. El régimen político actual carece de su aura democrática y el Estado de su majestad como titular del bien común; incluso más, el mismo Estado corre riesgo de lumpenizarse.

Esta posibilidad no es ajena a los momentos en que se conjugan una fuerte concentración del capital con una debilidad estructural de la institucionalidad política burguesa, y en América Latina la asociación policiaco-mafiosa entre trasnacionales, capital monopólico, partidos políticos y ejército no son ninguna sorpresa.

Así, la contra revolución neoliberal chilena se encamina veloz hacia sus propios límites. Hoy son las instituciones de la “república” las que se trizan. El Estado subsidiario, el parlamento, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, el empresariado, la burocracia eclesiástica, y la Constitución Pinochet-Lagos que las resguarda, todos eslabones de una larga trenza de corrupción moral y material, ya han entrado en la zona de costos crecientes para sostener su hegemonía ideológica y política.

Y si bien todo esto aparece ahora sin claroscuros, que los velos han caído y la decadencia moral se muestra como simple síntoma del fracaso de la utopía neoliberal, no fue así hasta hace muy poco. Escasos meses atrás la mayor parte de la sociedad chilena vivía bajo el influjo de un modelo estable y triunfante y ni siquiera imaginaba el devenir reciente.

Fuera por cinismo, miopía o por ambos, las clases dominantes subestimaron las fisuras de esta contra revolución neoliberal madura, y una vez enfrentadas a las crudas circunstancias, han mostrado sorpresa y cierta perplejidad que ha retardado el diseño de una salida institucional.

Lo que se ha abierto en Chile es un periodo político de creciente pugna entre las fracciones conservadoras y reformistas de las elites dominantes, pugna en torno a cómo enfrentar y resolver los déficits estructurales del modelo.

ch-franck-gaudichaut-200x115.jpgPero a la vez, un mismo ambiente tenso por arriba, ofrece a los “terceros excluidos” del teorema neoliberal, los trabajadores y sectores populares, enormes poch portada-fisurassibilidades para dar un salto y constituirse en una fuerza gravitante en los acontecimientos por venir. Y es éste el terreno al que nos conduce directamente y sin rodeos todo el trabajo analítico de Franck Gaudichaud: la construcción política estratégica para el hoy, crudo problema al que no en vano le dedica sus mayores esfuerzos teóricos y prospectivos en la última parte de su texto.

Nada simple por cierto. Se trata nada menos que desentrañar las posibilidades de una política general que haga plausible la configuración del bloque de los de abajo, o lo que no es sino su contracara, una estrategia común capaz entrelazar la multiplicidad de luchas contra el capital que discurren actualmente por el país. Un desafió no sólo para el análisis político sino también para la propia práctica política inmediata.

*“Las fisuras del neoliberalismo chileno. Trabajo, crisis de la “democracia tutelada” y conflicto de clases”, Tiempo Robado Editoras y Quimantú, Santiago, 2015.

*Investigador Plataforma Nexos.  El lanzamiento del texto se realizó el Miércoles 13 de enero en el Aula Magna Universidad Alberto Hurtado, facilitada por el Sindicato de Trabajadores de dicha Universidad.

 

Qué es el pacto secreto TPP y por qué tiene que preocuparle?

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¿Cuáles son los peligros ocultos del TPP?

/ Reuters / Yuya Shino

Este lunes EE.UU., Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam consensuaron los términos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership, TPP, por sus siglas en inglés), un tratado comercial regional que afectará al 40% de la economía mundial. ¿Cuáles serán los efectos del TPP y por qué algunos lo tachan de amenaza?

El pacto secreto del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), orquestado por Estados Unidos, se ha convertido en objeto de polémica y de protestas debido al secretismo que lo ha envuelto desde su concepción. Los detractores del acuerdo no creen que se trate de un “comercio justo”, sino de la consolidación del poder y de una amenaza para la economía global.

El mayor acuerdo comercial del mundo de los últimos 20 años incluye a Estados Unidos, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam; naciones que suman juntas el 40% de la economía global.

Tras meses de acalorados debates en las cámaras del Congreso de EE.UU., el pasado 24 de junio el Senado estadounidense aprobó la ley que otorga al presidente Barack Obama el derecho a acelerar las negociaciones sobre los pactos de comercio libre, entre ellos, el TPP. Así, esta ‘vía rápida’ obliga a los congresistas de EE.UU. a aprobar las leyes propuestas por el presidente sin la posibilidad de introducir cambios.

Según documentos filtrados sobre el controvertido acuerdo, los 12 países están tratando de eliminar todas las barreras al comercio, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos.

Aunque la Administración Obama, que promueve el acuerdo, indica que el negocio se desarrollará en los países firmantes y que sus trabajadores se beneficiarán del pacto, los opositores sugieren que se trata de beneficios económicos que solo afectarán a las grandes corporaciones.

Quienes se oponen al acuerdo dan la voz de alarma y advierten que conlleva riesgos en relación a la manipulación de divisas, la protección del medioambiente y de la salud, la deslocalización de puestos de trabajo, la seguridad alimentaria, los monopolios farmacéuticos, la transparencia del Gobierno y otras cuestiones. De hecho, la transparencia o en este caso lo contrario –el secretismo de las negociaciones- es lo que ha sucitado la mayoría de las suspicacias.

“El secretismo es el primer síntoma de que se está haciendo algo que a la gran mayoría del público no le va a gustar”, comenta el economista Félix Moreno en declaraciones a RT.

Además, algunos sugieren que el TPP no es un acuerdo sobre comercio, sino sobre las maniobras geopolíticas y la dominación corporativa sobre los asuntos de las naciones participantes.

¿Un acuerdo destructor de la soberanía?

Algunos documentos filtrados sugieren que las grandes industrias y las empresas multinacionales, incluidas las grandes farmacéuticas que operan en América del Norte, América del Sur y Asia, obtendrían amplios poderes para desafiar las regulaciones, acciones y decisiones de los tribunales de gobiernos soberanos ante tribunales organizados bajo el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Este sistema se denomina arbitraje de diferencias inversor-Estado, es decir, que las empresas de capital extranjero se sitúan al mismo nivel que los gobiernos soberanos.

Un documento descubierto por WikiLeaks revela que el TPP fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales, permitiendo a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes.

Lori Wallach, del grupo estadounidense Public Citizen de defensa del derecho del consumidor,afirma que podría crearse un tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que eviten los tribunales nacionales y que anulen la voluntad de los Parlamentos en caso de no conseguir lo que quieren. Según la activista, así se destruiría por completo la legislación y los derechos fundamentales de los Estados democráticos entrarán en riesgo.

De este modo, muchos subrayan que el TPP podría representar una seria amenaza para las naciones soberanas, impidiéndoles desarrollar políticas y leyes que respondan a sus propias prioridades.

Dado que, además de cuestiones comerciales, el acuerdo abarca aspectos como la libertad de Internet, los derechos de autor y la protección de patentes, existe el temor a que el pacto afecte a la libertad de expresión de los ciudadanos.

Una cuestión de salud: ¿Por qué pierden los pacientes con el TPP?
Tras el anuncio de que las negociaciones sobre el TPP entre las 12 naciones había concluido, Médicos Sin Fronteras ha denunciado las implicaciones que supone el pacto para la salud.

“Los grandes perdedores en el TPP son los pacientes y los proveedores de tratamiento en los países en desarrollo”, afirma la organización, indicando que se trata del “peor acuerdo comercial para el acceso a los medicamentos en países en desarrollo, que serán obligados a cambiar sus leyes para incorporar abusivas protecciones de propiedad intelectual para las empresas farmacéuticas”.

El grupo sostiene que el acuerdo “elevará el precio de los medicamentos para millones de personas al extender innecesariamente monopolios y retrasar aún más la competencia de genéricos para bajar los precios”.

Otra filtración muestra que será muy difícil para los fabricantes de medicamentos genéricos competir con los medicamentos de marca en el extranjero. Según el documento, en todos los aspectos que se describen en el capítulo sobre propiedad intelectual del TPP, los negociadores de Estados Unidos defienden a las grandes compañías farmacéuticas y exigen disposiciones de propiedad intelectual más estrictas.

*Fuente: Actualidad RT

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TPP: Cinco años de silencio y ahora los Medios, después de firmado el acuerdo, “hablan”

El título lo dice todo. De repente nos enteramos de que se ha sellado el “mayor acuerdo comercial de la historia”, después de “intensas negociaciones”. Cinco años de negociaciones. Cinco años de silencio. Firmado el acuerdo, ahora vienen a abrir la boca.

Los Medios tuvieron cinco años para investigar sobre el TPP, abrir el debate e informar, pero se limitaron a guardar silencio al respecto. ¿Por qué ahora abren la boca? Pero lo peor de todo es que abren la boca para cumplir su función de simples “voceros”, luego de haberse “cocinado el pavo”.

¿Dónde quedó la función del periodista? Supuestamente están para informar o investigar cuando existen dudas o preguntas por resolver. Ahora resulta que nunca tuvieron interés por el TPP ¿verdad? Ninguna curiosidad. Vaya “periodistas” que tenemos.

Mientras los medios alternativos gritaban, los medios del establishment se hacían los sordos. Pero los violentos son otros; los violentos son los que cierran la calle con barricadas o los que revientan la molotov. ¿Cinco años de silencio con respecto al TPP, el “mayor acuerdo comercial de la historia”, acaso no es violencia?

Si en Chile hubo completo silencio en los Medios, sin duda lo hubo en los demás países involucrados tales como México o Perú.

Pero hacemos gárgaras con la “democracia” y nos gusta cuestionar democracias ajenas como Venezuela o Bolivia, pero obviamente a “pedido” de la potencia que ustedes acostumbran a servir: EEUU. Porque que sepamos nuestros países no tienen más intereses que los que tiene EEUU allí.

Pegan el grito, por ejemplo, que el Parlamento boliviano haya aprobado una reforma constitucional para que el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, pueda volver a ser candidato a la presidencia, pero no dicen nada de que ese cambio lo habrá de decidir el pueblo en un referéndum constitucional aprobatorio.

¿Por qué la firma del TPP, que será aprobada por los parlamentos respectivos, no se lleva a última instancia a un referéndum para que nuestros pueblos decidan si se aprueba o no la firma del TPP, de la misma forma que el pueblo Boliviano decidirá si aprueba o no la reforma a un artículo de su constitución política? ¿Por qué nuestros pueblos no pueden tener derecho a participar de una decisión que podrá afectar directamente sus intereses? ¿Esta es la “democracia” que defiendes, una democracia en la que no exista la participación del pueblo, tan solo la participación para elegir parlamentarios o algún presidente?

Vamos “periodista”. ¿Acaso no te gusta poner sobre la mesa aquello del “debate”? Has tenido cinco años para debatir sobre el TPP, en cambio has llevado al debate las luchas de la pequeña burguesía. Que la marihuana, que el aborto, que la eutanasia, que la pastillita, que los homosexuales, que los animalitos, etc. ¿Por qué no llevaste a debate el TPP, algo que habrá de afectar a toda una nación? Pues su silencio ya los ha hecho cómplices.

@NStolpkin

 Acuerdo Trans-Pacífico: Neoliberalismo versus Soberanía Nacional

Jorge Galvez
Rebelión

El Acuerdo Trans-Pacífico (TPP) iniciado el 2007 apoyado por el gobierno imperialista de Obama, se entiende como un nuevo acuerdo de “libre comercio”. Firmado hace pocos días por el gobierno de Bachelet, este acuerdo lo componen: Chile, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, EEUU y Vietnam.
Este Acuerdo significa el fin de los pocos niveles de Soberanía que aun mantenía Chile. Prestándose para esto las burguesías parias antinacionales que están dispuestas negociar el saqueo absoluto de los Estados Nacionales. Bachelet y la Derecha con un rechazo ciudadano de casi el 80% pretenden hipotecar para las próximas décadas la vida de todos los chilenos. La primera medida de un futuro gobierno patriótico y popular será desconocer estos acuerdos con el imperio.

Ante la derrota del TLC en la década pasada hoy el imperialismo vuelve a la carga con el TPP, cuyo último propósito es terminar con los pequeños reductos de soberanía que aun mantenían nuestros países, y generar con sus neo-colonias un bloque que se oponga a China-Rusia y los BRICS.

Este tratado ha estado envuelto de un gran secretismo en las negociaciones y contempla una serie de cláusulas que apuntan a socavar la autodeterminación de los países, estas clausulas fueron develadas por wikileaks hace algunos meses atrás. De hecho de todos los capítulos que contempla este acuerdo sólo unos pocos tienen relación directa con el comercio. Todo lo contrario, la mayoría de los capítulos le dan nuevos derechos y privilegios a las grandes empresas trasnacionales, produciendo un mayor debilitamiento del poder de los ya débiles estados nacionales para oponerse a los intereses imperialistas.

Increíblemente este acuerdo firmado por el gobierno de Bachelet y apoyado por toda la derecha chilena, instala a las empresas privadas del capital extranjero a la misma categoría que los estados soberanos. Este tratado crea un tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los gobiernos, integrados por abogados corporativos que evitan los tribunales nacionales y anularan las voluntades de los parlamentos en caso de no conseguir lo que quieren, para que decir de la voluntad de las grandes mayorías y sus intereses. Los llamados “arbitraje inversionista-Estado” permiten a los empresarios trasnacionales presentar demandas directamente contra los Estados, si sienten que las acciones de un país aunque sean democráticas, tiendan a perjudicar su propiedad, o que consideren que los impuestos resueltos soberanamente por un país son “excesivos” para sus bolsillos. El “arbitraje inversionista-Estado” dará a las empresas transnacionales más poder respecto a los propios poderes soberanos de las naciones.

El TPP favorece a los grandes mega-negocios y representa una nueva ofensiva contra los trabajadores y sus derechos, como para la protección de nuestro medio ambiente. A pesar de ser un tratado de libre comercio, también abarca otros aspectos por ejemplo sobre la libertad de Internet, los derechos de autor, la protección de patentes o la salud. Respecto a este último punto el TPP puede proteger la propiedad intelectual en el ámbito de la medicina en detrimento de los esfuerzos de los pueblos de facilitar el acceso a medicamentos accesibles a los ciudadanos de nuestros países.

Es decir, este “régimen de protección de la inversión” supranacional estará en conflicto potencial con leyes ambientales y laborales nacionales, la protección de los derechos humanos, y con la salud pública y la regulación del bienestar, si estos son considerados como posibles trabas para el desarrollo de los intereses extranjeros.

Los 12 países del Pacífico a presión de los EEUU eliminaran todas las barreras y se rendirán al comercio extranjero, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la propia agricultura y vulnera completamente la privacidad de la información de todos y todas.

Todos este escenario muestra cada vez más claramente la contradicción principal del actual periodo como lo indica el Proyecto Político del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Neoliberalismo versus Soberanía Nacional. Es cada día más urgente que todas las fuerzas populares que creen en una sociedad distinta, se vuelquen a la construcción de las bases solidas que requiere nuestra sociedad, es necesario dedicarnos a sembrar el proyecto de soberanía a lo largo de nuestra larga y angosta faja de tierra, que nos permita transformar la constitución a través de la organización y la movilización nacional, que permita la mayor y más participativa democracia en los territorios, dando forma y estructura a la fuerza popular que darán el carácter a la constituyente, que es la nueva fuerza para producir una constitución soberana. Es necesario construir y conquistar un Gobierno Patriótico y Popular, que impida el saqueo de la Patria y abra camino a Refundar Chile.

Jorge Galvez es Dirigente Rodriguista

Los detalles y cifras de la vergonzosa historia del ejército de Chile y sus matanzas contra el pueblo.

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La Parada Militar y el nacimiento de las “Glorias del Ejército

RVF – Radio Francia

Fue en 1832 -durante la presidencia de José Joaquín Prieto- que se determinó que la “Parada Militar” -ejercicios que se realizaban desde la fundación de la Academia de Guerra posterior a la Batalla de Chacabuco- se llevara a cabo cada 18 de septiembre. Luego el Presidente Jorge Montt en 1896 mediante una orden gubernamental estableció que dicho ejercicio (Parada Militar) se realizaría en el Parque Cousiño (Parque O’higgins).
Pero fue durante el gobierno de Ramón Barros Luco, y debido a que la fecha coincidía con el cambio de mando y celebración de la “primera junta de gobierno, que se estableció en 1915 el día 19 de septiembre como el “día de las glorias del ejército”.

Historia del ejército de Chile: ¿Siempre vencedor, jamás vencido?

Los orígenes del ejército chileno se remontan a 1603 cuando el Rey de España Felipe III, por Real Cédula de enero de 1603, creó el Ejército del Reino Chile -así mismo lo reivindica en la actualidad el propio ejército-, pero no fue hasta el periodo conocido como “Patria Vieja” en donde comienza a configurarse un “ejército chileno”, tras la Primera Junta de Gobierno -que juró lealtad a España y defendió su autonomía como Reino de Chile , ante la invasión de Napoleón a España- el 18 de septiembre de 1810 -fecha desde la cual el actual Ejército de Chile reivindica y contepla su nacimiento. Dicho ejército estuvo compuesto por criollos y españoles que apoyaban la independencia y algunas unidades del viejo ejército real de Chile, inquilinos conformando algunas milicias. Pero fue en los primeros días de octubre de 1814 cuando se dio lugar la Batalla de Rancagua en donde el joven ejército tuvo una derrota estrepitosa que frustró la ilusión independentista y que dio por terminado el periodo conocido como “la patria vieja” y el restablecimiento del poder español al oeste de la gran cordillera, periodo denominado como “la reconquista”. Tras la derrota, parte de ese “ejército” huyó hasta Argentina. Fue allende los Andes donde se organizó el retorno y el cruce de los Andes. Eso hasta la batalla de Maipú que tuvo lugar el 5 de abril de 1818, con tropas chilenas y argentinas. Tras este hecho, Bernardo O´higgins es nombrado -básicamente por José de San Martín- Director Supremo, instaurándose una dictadura. Eso hasta 1823 en donde O´higgins es derrocado y desterrado.

Las guerras intestinas de la élite chilena

Desde el derrocamiento de O´higgins, en Chile se sucedieron guerras civiles y una lucha intestina entre grupos aristocráticos por el poder. Así, tras la salida de O’higgins asume el poder el general Ramón Freire, quien emprende una guerra contra el resto de los realistas afincados en Chiloé. Luego con la unión de los pelucones (conservadores), estanqueros y o’higginistas, vendrá la batalla de Ochagavía que produce la caída del régimen liberal e instaura el gobierno de José Ovalle.
En 1830 en la batalla de Lircay se produce el triunfo definitivo de los pelucones y sus aliados iniciándose así la república conservadora.

En 1831 el general vencedor José Joaquín Prieto quien gobierna el país, de la mano de Portales, en forma dictatorial se embarca en la guerra contra la Confederación Perú- Boliviana de Santa Cruz que duró desde 1836 a 1839. También la dupla Portales-Prieto crean la Guardia Cívica (financiada por la oligarquía nacional), que es la primera estructura y fundamental para la creación del estado portaliano, con un ejército centralizado y dispuesto a controlar efectivamente el territorio en contra de cualquier disidencia y rebelión. Esta Guardia Cívica será también la primera forma de leva forzosa y de servicio militar.

En 1851 después del gobierno del general Bulnes y para evitar la asunción de Manuel Montt como presidente se produce un levantamiento que es sofocado en la batalla de Loncomilla.
Entre 1864 y 1866 vendrá la guerra naval contra España y trece años más tarde la guerra del Pacífico desde 1879 hasta 1883.

Como es posible observar desde 1813 hasta 1883, las guerras, batallas y alzamientos militares fueron una constante en el estado chileno. Las luchas políticas, alianzas y características de los gobiernos no son abordadas en esta apretada síntesis histórica. Lo que se pretende sacar a luz es la inexactitud del discurso que nos dice que hemos sido siempre una nación pacífica y democrática.

Ocupación (“Pacificación”) de la Araucanía (1861 – 1883). Gobiernos de Manuel Montt, José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Ánibal Pinto, Domigo Santa María.
Bajo la excusa de la aparición de Orelie Antoine I en la Araucanía, y principalmente motivado por la prensa de la elite que fue generando una opinión desvaforable en contra del pueblo-nación mapuche. De ese modo, desconociendo el Tratado de Trapihue de 1825, se decide seguir el plan propuesto por el general Cornelio Saavedra para la ocupación del territorio mapuche al sur del Bio Bio. Si bien la ocupación fue en un inicio fácil para las fuerzas chilenas, a finales de la década del 60 del siglo XIX los mapuche se rearticularon y pudieron organizar su defensa. Eso hizo que José Joaquín Pérez en mayo de 1870 declarara formalmente la guerra al pueblo mapuche, en lo que se puede llamar el periodo de “guerra ofensiva”, en donde el sabotaje a fuentes de alimentación, quema de rukas, y aislamiento de comunidades mapuche fue la estrategia llevada a cabo por el ejército chileno.
Entre acciones directas e indirectas, la población mapuche fue diezmada por el proceso de ocupación y posterior colonización, con cifras que hablan de la reducción de una población de alrededor 500 mil habitantes a 25 mil, según el historiador Ward Churchill. Asesinatos, hambre y pestes productos de la invasión y del usurpación del 95% de su territorio fueron las principales causas de una mortandad masiva que responde directamente a la invasión del Ejército de Chile a dicho territorio.
Es en esa línea que las intervenciones militares del ejército de Chile se ha caracterizado por operar en la protección y mantenimiento del orden portaliano y la defensa del Estado conformado por la élite del país. Así las intervenciones del ejército han tenido varios episodios de sangre en contra del pueblo y sus demandas sociales. Masacres y matanzas ordenadas por el Estado y que han dejado miles de victimas, particularmente pobres.
Las matanzas del Ejército de Chile contra el pueblo durante el Siglo XX
* Datos ordenados cronológicamente, basados en el trabajo del Historiador Iván Ljubetic.
Gobierno de Germán Riesco (1901 – 1906)
2 de mayo de 1903
Contra obreros portuarios de Valparaíso, por soldados del Ejército, los obreros como respuesta a la matanza, quema el periódico “El Mercurio” de la familia Edwards.
policía y “guardias blancas”. 30 muertos, 600 heridos.
Contra obreros del carbón en Coronel por efectivos del Regimiento
Chacabuco. 3 asesinados; 2 heridos.
17 de septiembre 1904
Contra pampinos en oficina salitrera Chile, en huelga. Piquete de
Húsares de la Muerte. 13 muertos y 32 heridos.
24 de octubre de 1905
Contra manifestantes en Santiago en protesta contra impuesto a carne argentina, por soldados del Ejército. 70 muertos, 300 heridos y 530 detenidos.
6 de febrero de 1906
Contra huelguistas en la Plaza Colón de Antofagasta, 10 muertos, numerosos heridos. Perpetrada por soldados del Regimiento Esmeralda, Séptimo de Línea, de Antofagasta.
Gobierno de Pedro Montt (1906 – 1910)
21 de diciembre de 1907
Contra pampinos en la Escuela Santa María de Iquique por soldados del Ejército, marinos de la Escuadra de Guerra y “guardias blancas”. Más de 2.000 muertos, muchos heridos.
Gobierno de Juan Luis Sanfuentes (1915- 1920)
1917
Contra mujeres que solidarizan con ferroviarios en “huelga del tarro”, en Antofagasta, por soldados del Ejército. Varias mujeres muertas y heridas.
30 de diciembre de 1918
Contra obreros de Punta Arenas, por la policía. 1 muerto; 30 heridos a
bala y sable.
23 de enero de 1919
Contra obreros de Puerto Natales, por militares y policía. 6 muertos Contra huelguistas en oficina salitrera Domeyko, provincia de Antofagasta, por policía. Un muerto, varios heridos.
27 de julio de 1920
Contra trabajadores de Punta Arenas: asalto e incendio de sede de Federación Obrera de Magallanes, por soldados, policias y “guardias blancas”. Alrededor de 30 asesinados en asalto y posterior terror.
Noviembre de 1920
Contra mineros del carbón en huelga en Lota por soldados. Un muerto, cuatro heridos.
Primer gobierno de Arturo Alessandri Palma (1920- 1925)
3 de febrero de 1921
contra pampinos en Oficina San Gregorio, por soldados Regimiento
Esmeralda y policía. 100 muertos, numerosos heridos.
Abril de 1921
contra mineros del carbón en Curanilahue por soldados. Varios
asesinados y heridos.
23 de noviembre 1921
contra comité de cesantes de la FOCH que marchan solidarizando con campesinos, en el Zanjón de la Aguada, por soldados. 1 muerto, varios heridos.
contra huelguistas de la Compañía Chilena de Tabaco, en Valparaíso por efectivos del Ejército. Un muerto y 60 heridos.
Febrero de 1922
contra huelguistas de Tejidos Lourdes en Santiago por policías. Un
muerto, varios heridos.
25 de mayo de 1922
contra cesantes y sus familiares al pie del monumento de Bernardo O’Higgins en la Alameda, Santiago, por efectivos del Ejército. Varios muertos y heridos
contra campesinos del fundo La Tranquilla en Petorca, por policías. Varios muertos.
4 de junio de 1925
contra pampinos en oficina salitrera de La Coruña, por efectivos del Ejército, que emplean cañones en esa oficina, luego el “palomeo” de obreros y el lanzarlos al fondo del mar. Más de 2 mil asesinados. Decenas de heridos
Gobierno de Juan Esteban Montero (1931 – 1932)
25 de diciembre 1931
Contra dirigentes y militantes comunistas en Vallenar por policías. Más
de 30 asesinados.
Segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932 – 1938)
27 de abril de 1934
Asalto al local de la FOCH, Ubicado en Calle San Francisco 608,
Santiago, contra obreros municipales en huelga por carabineros. 5 muertos y más de 20 heridos a bala y sable.
junio – julio de 1934
Contra campesinos del Alto Bío-Bio en Ránquil, por carabineros. Más
de 100 muertos..
febrero de 1936
Contra obreros ferroviarios en huelga, por carabineros. Decenas de heridos
5 de septiembre 1938
Contra jóvenes nazis en el Seguro Obrero, en Santiago. 62 asesinados
Gobierno de Juan Antonio Ríos (1942 -1946)
11 de junio de 1942
Contra campesinos del fundo Llay-Llay, de Purranque, cerca de Osorno, por carabineros. 2 muertos y 6 heridos.
20 de febrero 1942
Contra manifestantes en Plaza Ercilla, por carabineros. 1 muerto
13 de septiembre 1942
Contra comuneros de Chape Chacay, cerca de Ovalle, por “guardias blancas”. 2 muertos y varios heridos.
7 de octubre de 1942
Contra mineros del carbón en Lota, en su local sindical, por carabineros. 3 muertos y 6 heridos.
Vicepresidencia de Alfredo Duhalde (enero-noviembre 1946)
28 de enero de 1946
Contra acto de la CTCH en Plaza Bulnes de Santiago, por carabineros.
6 asesinados, numerosos heridos.
comienzos mayo 1946
Contra mapuches de la Comunidad Ignacia Nacurray, en Palmahue,
provincia de Cautín, por carabineros. 3 muertos, varios heridos.
14 de mayo de 1946
Contra campesinos del fundo La Isla, comuna de Fresia, departamento de Puerto Varas, por carabineros, 2 muertos y 4 heridos.
Gobierno de Gabriel González Videla (1946 – 1952)
12 de junio de 1947
Contra choferes y cobradores de micro en huelga, en Bascuñán Guerrero y Alameda, Santiago, por carabineros. 4 muertos y 20 heridos.
5 de junio de 1949
Contra trabajadores en San Diego con Avenida Matta, Santiago, por
carabineros. 19 heridos a bala, algunos graves.
16-20 agosto de 1949
Contra manifestantes, obreros y estudiantes, en calles de Santiago, por carabineros y soldados del Ejército. 4 muertos y numerosos heridos a bala.
7 de noviembre de 1950
Contra manifestantes en Plaza de Armas, en Santiago, por carabineros. Varios heridos a bala.
10 de marzo de 1951
Contra obreros en huelga de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar, por carabineros. 36 heridos a bala.
1 de julio de 1952
Contra manifestantes que repudian en las calles de la capital el Pacto
Militar, por carabineros. Un muerto, varios heridos.
Segundo Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952 – 1958)
17 de septiembre 1956
Contra obreros de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, por carabineros. 3 asesinados; 24 heridos graves
30 de marzo de 1957
Contra manifestantes en calles de Valparaíso, por carabineros.
1 muerto, varios lesionados.
1 de abril de 1957
Contra estudiantes en calle Miraflores, en Santiago. Una estudiante
asesinada, varios heridos a bala, por carabineros
2 de abril de 1957
Contra manifestantes en calles de la capital, por efectivos del Ejército.
20 muertos; varios heridos.
Gobierno de Jorge Alessandri Rodriguez (1958 – 1964)
6 de julio de 1960
Contra obreros de Madeco que estaban en su sede sindical, por carabineros. 20 heridos a bala.
3 de noviembre 1960
Contra manifestantes de la CUT en el centro de Santiago. Dos muertos,
por carabineros.
19 de noviembre 1962
Contra pobladores de la población José María Caro por soldados de la
Aviación. 6 muertos, 30 heridos, 200 detenidos.
Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 – 1970)
11 de marzo 1966
Contra obreros del mineral de cobre de El Salvador en huelga solidaria, por soldados del Ejército. 8 asesinados (2 mujeres y 6 obreros) y 60 heridos a bala.
23 de noviembre 1967
Contra manifestantes de la CUT en Santiago, en los marcos del paro nacional de la CUT contra el ahorro forzoso, por carabineros.
7 muertos, varios heridos a bala.
9 de marzo 1969
Contra pobladores en Pampa Irigoin, Puerto Montt. 11 asesinados, varios heridos.
28 de agosto 1969
Carabineros contra manifestantes en San Miguel. 1 muerto; varios heridos, 7 graves.
11 de septiembre 1969
Contra estudiantes de Copiapó, por carabineros. 1 muerto.
8 de julio 1970
Contra manifestantes en acto de la CUT, en los marcos de un paro nacional en Plaza Tropezón de Quinta Normal, Santiago. 1 muerto.
Dictadura cívico – militar encabezada por Augusto Pinochet (1973 -1990)
En este periodo se ejerció la violación sistemática de los Derechos Humanos, con miles de torturados, exiliados, detenidos y exonerados. En cifras oficiales distintos informes (como Rettig y Valech 1 y 2) han establecido más de 40 mil víctimas de violencia política y 1.193 Detenidos Desaparecidos.

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La Parada Militar es una institución que poco o nada tiene de democrática. Las charreteras y condecoraciones de los generales vestidos como para la celebración de la mayor de las hazañas, son un contrasentido en un país que luce también rutilantes necesidades postergadas casi eternamente por falta de presupuestos.
Medallas doradas, plateadas, multicolores y resplandecientes, que se supone deben recordar actos heroicos, en guerreras relumbrantes de botones y misterios desfilan con patriótico esmero. Y aunque muy pocos conocen las claves para saber a qué acto heroico retrotraen, cumplen la función de relevar los egos y las fatuidades.

Hace un tiempo se descubrió que una de esas preseas ni más ni menos recordaba, y por lo tanto homenajeaba, el 11 de septiembre de 1973, y que pasados más de cuarenta años de aquella “epopeya” aún rutilaba en los pechos de los generales, sin que las autoridades políticas se molestaran en advertirlo. Es que el tándem de políticos que dirige el país se siente de lo más cómodo entre sables y gorras. Hasta la presidenta Michelle Bachelet parece disfrutar un goce único cuando revisa tropas llevando un singular ritmo que recuerda la marcha de un militar, siendo ella civil.

Los militares generan al país un gasto desmesurado. El que se lleven el diez por ciento de las ventas del cobre es una ofensa permanente a las innumerables necesidades de un país que en los mentirosos promedios luce de lo más bien, pero que en la realidad sigue siendo uno que administra sus pobres y su pobreza con un agudo sentido de puesta en escena.

Los militares disfrutan de un sistema de salud de privilegio, de una previsión que dista mucho de ser la que ellos mismos -a cargo del Estado- impusieron al resto de los trabajadores, y de una justicia también de privilegio que les permite quedar al margen de las leyes y procedimientos comunes a todo el resto. La llamada familia militar dispone de hoteles y casinos en una extensa red que nada tiene que ver con la mentada austeridad militar.

Y por sobre todo, las Fuerzas Armadas y en particular el ejército, hace gala de una enorme capacidad para olvidar lo que ha sido su rastro trágico en la historia del país.

Desde su incursión militar de mediados del siglo diecinueve para diezmar al pueblo mapuche, lo que significó un genocidio del cual jamás se conocerá el número de víctimas, pasando por las matanzas de trabajadores en numerosas y trágicas oportunidades, hasta llegar al vergonzoso once de septiembre de 1973, el ejército no puede lucir sino bajas de connacionales en sus memorias. Un reguero de sufrimiento y muerte que suman miles de chilenos.

En el caso de la Fuerza Aérea, la más lucida de las misiones en las que han hecho blanco desde sus aviones de matar ha sido cuando bombardearon La Moneda con el claro propósito de liquidar al presidente Salvador Allende y sus compañeros. Una proeza de la que no es muy cómodo enorgullecerse.

Y a propósito de las recientes tragedias que han golpeado al norte de Chile, es razonable poner en duda el efecto reconstructor de un soldado que permanece parado sin hacer nada, mientras sobre su hombro cuelga un atemorizante fusil, en medio de voluntarios que sudan la gota gorda para retirar escombros y reconstruir lo que la naturaleza destruyó. ¿Qué intenta, sino asustar? ¿Qué se propone, sino decir aún estamos aquí?

Las autoridades de la Concertación y su extensión, la Nueva Mayoría, se sienten de lo más cómodas con la actuación de la llamada “familia militar”. Cada ministro de Defensa que ha pasado por esas oficinas al rato de asumir su cargo ya se siente miembro de una elite de intocables, y se olvida de todas sus anteriores locuciones democráticas.

Con un sistema político por los suelos por la corrupción generalizada, los partidos políticos transformados en maquinarias de elegir y reelegir eternamente a casi los mismos sujetos, debilitada a más no poder la mismísima institución de la Presidencia de la República, se abre espacio para que la ultraderecha, criminal como pocas en el mundo, despliegue sus mensajes caóticos a la “familia militar” invocando su sacrosanto patriotismo.

Así como en un Estado laico la existencia de un Tedéum ecuménico no debería tener cabida, del mismo modo en un país que luce tantas necesidades, la Parada Militar debería estar limitada a los cuarteles.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 837, 25 de septiembre, 2015

La imposibilidad de una vía pacífica al socialismo y la necesidad de un análisis en términos de fuerzas sociales

Magíster © en Análisis Económico, Universidad de Chile

Sebastián Link

Licenciado en Antropología mención Antropología Social, Universidad de Chile

“Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige, sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias”
Programa de Gobierno de la Unidad Popular

El proceso de la Unidad Popular suele enaltecerse al verse como una vía pacífica al socialismo, lo que en términos concretos implicó un gobierno con hegemonía reformista que respetó la institucionalidad burguesa hasta el último momento. En esta columna pretendemos desarrollar lo errado de esta concepción al negar en términos prácticas y teóricos la lucha de clases entre explotados y explotadores como el centro del movimiento de la sociedad capitalista. Se rechaza el carácter pacífico de tránsito al socialismo, es decir sin el ejercicio de la violencia ya sea en términos de ejercicio efectivo o como amenaza, así como también sus dos corolarios del caso chileno: el uso del Estado burgués para el avance del movimiento popular y cristalización del proceso revolucionario, sin su destrucción y transformación; y la necesidad de construir mayorías electorales para así poder vencer en el juego de la democracia burguesa. En términos más concretos, se aborda cinco elementos asociados estructuralmente a la concepción de una vía pacífica al socialismo:

– Alianza con fracciones de la burguesía en el marco de la política internacional soviética.
– Concepción estatal del socialismo e intento de dirección del proceso desde el gobierno.
– Respeto irrestricto al Estado burgués y sus instituciones.
– La necesidad de construir mayorías electorales – parlamentarias.
– Rechazo a una política abiertamente militar.

Si bien con esto realizamos una serie de críticas a la apuesta reformista de sectores liderados por el Partido Comunista, éstas van en la línea de poder tener aprendizajes de las luchas pasadas y, en ningún caso, en culpabilizar a compañeros honestos que lucharon y dieron la vida por construir una sociedad sin clases donde el ser humano pudiera desarrollarse en plenitud. Además, estos elementos han adquirido nuevos bríos luego de la derrota de la clase trabajadora y el desarrollo del proyecto neoliberal, y son sostenidos por gran parte de las organizaciones que en Chile se entienden de izquierda o centro izquierda. Con ello, nos recuerdan más a aquellos señores preocupados por la desigualdad que se sentaron a la izquierda el día 11 de septiembre de 1789 en la Asamblea Constituyente posterior a la Revolución Francesa en los albores del capitalismo, que a aquellos partidos que se han definido de izquierda por la lucha contra el capital y la construcción de la sociedad socialista. Así, los elementos que ayer fueron parte de un proyecto con pretensión revolucionaria, de aquella izquierda que se equiparaba a los intereses de la clase trabajadora, hoy son parte de esa izquierda que le preocupan los “pobres” y que su práctica nos recuerda la máxima del despotismo ilustrado, “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

La apuesta por una vía pacífica al socialismo

La apuesta por una vía pacífica al socialismo en Chile debe ser entendida en el marco de la política internacional de la Unión Soviética en aquel entonces, cuyo brazo chileno era el Partido Comunista, donde esta apuesta se encontraba estructuralmente ligada a aliarse con sectores de la burguesía y, con ello, a la necesidad de una etapa democrático-burguesa previa al socialismo. En el caso chileno, la alianza con sectores de la burguesía pudo observarse tanto en la política constante del sector reformista por buscar acuerdos con la Democracia Cristiana, brazo político asociado a las clases medias (entiéndase por ello a los profesionales, el pequeño y mediano capital y la burocracia estatal), como en el intento de aislar a la burguesía nacional del capital imperialista. El expulsar al capital imperialista a través de la nacionalización del cobre y la estatización de los bancos, se sustentaba en la visión de que la burguesía nacional tendría intereses contrapuestos con el capital extranjero, así como también de que el pequeño y mediano capital tendría intereses contrapuestos al gran capital monopólico. Ello implicaría, una vez expulsado el capital extranjero y restringido el gran capital, la venia de fracciones de la burguesía con el proceso lo que se expresaría, entre otras cosas, en mayor inversión dado el repunte económico del primer año de gobierno, cuestión que finalmente no ocurrió. Resulta ilustrativo, al respecto, el cambio de política que implica el paso de la conducción económica de Pedro Vuskovic, Ministro de Economía desde el 03 de noviembre de 1970 hasta el 02 de noviembre de 1972, a Orlando Millas, Ministro de Hacienda desde el 17 de junio de 1972 hasta el golpe de Estado, con quien se cristaliza la política frente a la burguesía del “inviertan, confíen en nosotros”, en palabras de Rafael Agacino.

Otro elemento de la apuesta por una vía pacífica al socialismo es una concepción estatal del socialismo, donde la apropiación por parte del Estado de los medios de producción implicaba la socialización de éstos de forma relativamente automática. Si bien esta concepción resultaba hegemónica en las fuerzas populares sobre todo cuando se observa la fuerza simbólica de Salvador Allende y la lealtad para con él, sí existió crítica a esta concepción estatista. Los cordones industriales resultaron ser, al respecto, gérmenes de socialización de los medios de producción y control de la clase trabajadora de la producción. Esto se vio tanto en términos micro, en la experiencia de las empresas que habían pasado al área social con las diferencias permanentes entre los interventores, que provenían del Estado como cuadros burocráticos, y los trabajadores de las mismas; como en términos macro, a través de la crítica que se realiza al gobierno, la que logra su mayor grado de cristalización en la carta enviada por la Coordinadora de Cordones Industriales al presidente Allende, o a través de la presión constante de fracciones de la clase trabajadora al gobierno por acelerar el proceso de socialización, el que no siempre respondió de forma positiva. Frente a ello dos ejemplos. El primero corresponde a la toma de la fábrica de Yarur que recibió por respuesta del mismo presidente, “los procesos (revolucionarios) exitosos se hacían con una dirección férrea, consciente, no al lote”, acusándolos de anárquicos en su accionar cuando (1) en la misma campaña Allende les había confirmado la socialización de la empresa y (2) la toma era posterior a una serie de análisis que llevó a cabo los trabajadores de un mal manejo de la empresa por parte de los dueños, lo que derivaba en un nivel de producción inferior al posible. El segundo ejemplo corresponde a la toma de la fábrica de salsas de tomates Perlack, la que se realizó sin la venia de la Ministra del Trabajo, Mireya Baltra, quien llegó a golpear a uno de los dirigentes, Santos Romeo González, quien fue calificado por la misma como “un revolucionario trasnochado, un ultra y un provocador que mereció ser abofeteado”.

Un tercer elemento resultó ser el respeto irrestricto del Estado burgués y sus instituciones. En términos teóricos, aquello implicaba una deshistorización de las reglas democráticas existentes. Por un lado, se les extrae su carácter de producto de luchas pasadas, estructuradas en torno a la lucha de clases, ya que no se potenció su transformación radical en aras del proceso de acumulación de fuerza de la clase trabajadora; y por el otro lado, se valora de forma estática los avances democráticos logrados por la clase trabajadora, ya que se pretendió defender las reglas cristalizadas en el régimen democrático más que identificarlas en su carácter funcional en tanto habían permitido la llegada de Allende al gobierno. Así, si las reglas democráticas cristalizadas estaban en peligro, éstas no lo estaban al margen de la lucha de clases, sino que por la agudización misma de ésta y necesidad, cada vez más inminente, de su resolución con la derrota de alguna de las fuerzas. Otro elemento asociado al respeto del Estado burgués, fue el uso de la fuerza militar pública contra la clase trabajadora y sus aliados en manifestaciones que se consideraron radicales, llegando a su máximo esplendor con la aplicación de la ley de control de armas próximos al golpe de Estado. En este contexto, el Estado burgués se comportó como un “Estado-máquina” que, más allá de las intenciones de las personas en ese momento, actuó en favor de las clases dominantes.

En términos prácticos, el respeto irrestricto del Estado burgués y sus instituciones chocaba con el hecho de que éste estaba controlado mayoritariamente por la clase capitalista. Estamos hablando, por un lado, de la Contraloría General de la República y los poderes Legislativo y Judicial, pero también del ejecutivo a través de la permanencia de cuadros públicos principalmente democratacristianos. Este fenómeno que era real, derivó en una concepción de un Estado fraccionado, restringiendo la lucha de clases a tal institución. Si bien nos parece incorrecta esta concepción, ésta tampoco derivó en la disolución del Congreso y convocatoria a elección de una Asamblea del Pueblo luego del primer año de gobierno, opción que no solo era parte del Programa de la UP, sino que también fue presentada por diversos grupos del conglomerado político como por fracciones de las clases explotadas.

Un cuarto elemento es que la apuesta por una vía pacífica al socialismo se condijo con el intento por resolver la lucha de clases aguzada mediante la construcción de mayorías electorales, lo que implicaba la resolución del conflicto a través del convencimiento. Esto, siguiendo la misma lógica de los puntos anteriores, implica nuevamente un rechazo implícito de la lucha de clases entre capital y trabajo como conflicto estructurante de la sociedad capitalista, pues se le da un carácter contingente a través de la dinámica del consenso y se enfatiza en la construcción de mayorías electorales que no son más que fuerzas ficticias en términos reales. Esto descentraba las tareas del período y negaba lo dependiente que fue la llegada al gobierno de Allende de la acumulación real de fuerzas por parte de las clases explotadas en tanto mayoría real, tanto en términos orgánicos, con al menos tres partidos propiamente clasistas, como de conciencia. Dicho con otras palabras, Allende no triunfa en las elecciones presidenciales por la mera mayoría relativa de los votos, sino que esto es expresión del proceso de acumulación de fuerzas de la clase.

Un quinto y último elemento resulta ser el rechazo a una política abiertamente militar para enfrentar a la burguesía en un momento donde la lucha final del proceso se hacía cada vez más inminente. Por un lado, el gobierno se negó constantemente a dotar de armamento al pueblo y, además, llegó a aplicar la Ley de Control de Armas próximos al golpe, error que permitió, además, conocer por parte del enemigo la feble situación en la que se encontraban las fuerzas populares en términos militares. Por otro lado, esto se condijo con la creencia del respeto irrestricto de las Fuerzas Armadas del régimen democrático, marginándose las fuerzas de izquierda de su disputa mientras las fuerzas reaccionarias se involucraron desde antes del ascenso de Salvador Allende a la presidencia. Un ejemplo de ello fue la participación de las Fuerzas Armadas Chilenas en la Escuela de las Américas desde mucho antes del triunfo electoral de la Unidad Popular, donde destaca la participación de personajes como Manuel Contreras, Álvaro Corbalán, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff y Odlanier Mena. Ahora bien, esto no nos debe llevar a un pensamiento falaz al estilo de ser general después de la guerra, sino más bien a reflexionar en torno a (1) la falta de una política decididamente militar por parte de las fuerzas populares, y (2) el hecho de que no haya habido un quiebre en las Fuerzas Armadas entre las tropas y la oficialidad, lo que muestra que la crisis nacional objetiva nunca llegó a una crisis revolucionaria clásica. Es en este marco donde la conceptualización de una vía pacífica se tradujo en la negación radical de lo que los clásicos llamaron la dictadura del proletariado, aún hoy poco comprendida y descalificada por la hegemonía de la democracia burguesa. Con la dictadura del proletariado nos referimos simplemente a la conquista de la democracia por parte de los explotados y a la aplicación de la dictadura contra los que buscan seguir explotando a otros, es decir, enfrentarse con el monopolio de la fuerza contra las fuerzas reaccionarias que buscan mantener la explotación del Hombre por el Hombre. En este sentido, el gobierno de la Unidad Popular no cumplió con ninguno de los dos polos, pues no se enfrentó contra la burguesía como clase general, aún cuando ésta sí terminara actuando en tanto capital en su sentido más abstracto y general; y falló en avanzar a establecer una democracia de y para los explotados que permitiera cristalizar en reformas democráticas más avanzadas los avances de las fuerzas populares, sino que más bien la preocupación se concentró en defender los avances ya existentes.

La negación de la lucha de clases

La negación de la lucha de clases como movimiento central de la sociedad capitalista no solo se produjo en aquel entonces, sino que hoy también suele ser una constante al analizar el proceso de la Unidad Popular. Como hemos desarrollado en las otras columnas de esta serie, el análisis ha sido eminentemente institucional – formal, dejando de lado la constitución misma de las fuerzas sociales en disputa. Las críticas que aquí se realizan a la concepción de una vía pacífica al socialismo tienen su correlato teórico en el análisis de la Unidad Popular y, en términos más generales, de la historia dentro del modo de producción capitalista. Volvemos al análisis del periodo de la Unidad Popular porque en momentos de agudización de la lucha de clases, como dijera Marx, la diversidad de distinciones de clase se simplifican en la oposición abierta entre ambas clases estructurales del capitalismo, obligando a otros grupos de la sociedad, como las llamadas clases medias, a posicionarse en esta oposición. Hoy, en momentos donde la lucha de clases se encuentra poco aguzada en Chile y el mundo, elementos propios del periodo se tienden a naturalizar y derivar en un rechazo total del análisis desde esta perspectiva, en tanto la lucha de clases no se haya tan abierta como en aquellos años.